Cuba ordena el uso de divisas por actores económicos: ¿Qué significa?

El Consejo de Estado de Cuba anunció este jueves un nuevo marco legal para ordenar el uso de divisas dentro de la economía nacional. Las normas, que entrarán en vigor en siete días, son consideradas por expertas como un avance en la dirección correcta, aunque no una solución integral a los profundos problemas estructurales del país.

El Decreto-Ley 113 y tres resoluciones complementarias tienen como objetivo ordenar y actualizar el marco jurídico relativo a determinadas transacciones en divisas en la economía nacional, garantizando relaciones monetario mercantiles en dicha moneda entre actores económicos que se autoricen.

El alcance de las normas se dirige específicamente a actores económicos —empresas estatales, miPymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, empresas extranjeras y proyectos de desarrollo local— cuyas actividades estén vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones u otros sectores priorizados.

Perspectiva macroeconómica: Conectar los flujos internos

Rocío Victoria Hernández Fernández, especialista de la dirección de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, explica que el nuevo mecanismo busca conectar los flujos de divisas internos, actualmente fragmentados debido a los diferentes tipos de cambio (1x24 para entidades estatal sujetos del Plan de la Economía, 1x120 para población y reducidas entidades del sector exportador, y un tipo de cambio informal, no reconocido oficialmente, pero en el que operan mayormente las FGNE y se conecta con el sector estatal en la prestación de determinados servicios o encadenamientos productivos). “No es una dolarización formal, sino conectar a los agentes para que operen con mayor facilidad y se encadenen”, aclara.

El objetivo último es fomentar un superávit comercial, potenciando al sector exportador y a la inversión extranjera para generar divisas que atiendan los sectores priorizados. El sistema modifica normativas anteriores —como el artículo 63 del Decreto Ley 361 y aspectos del Decreto Ley 90— que limitaban las operaciones en divisas. Esto permitiría a los exportadores, por ejemplo, reproducir y expandir su capacidad, pagar mejores salarios y aumentar la oferta interna de bienes y servicios.

Sin embargo, Hernández Fernández es clara: “Ni el mecanismo de gestión ni las transformaciones cambiarias son la solución neta al problema. Lo que brindan es la infraestructura y las vías para que todo funcione mejor. Esto hay que acompañarlo de otras medidas estructurales y empresariales. El nuevo mecanismo por sí solo no genera producción, exportaciones y crecimiento, sino que crea las condiciones para que eso suceda.”.

Un cambio crucial es para el sector privado, como las mipymes, que ahora podrán tener cuentas reales en divisa en bancos cubanos, aportando transparencia y facilitando el encadenamiento con el sector estatal. Respecto al anterior Certificado de Liquidez (CL), cuyo uso se desvirtuó, el nuevo sistema ACAD establecerá un registro contable transparente. “No se darán nuevas asignaciones de divisa si no hay disponibilidad real en la Caja Central. No habrá ‘papelitos’”, afirma la especialista.

Visión empresarial: Desatrapar para crecer

Desde la óptica práctica, Zulem Pérez Rodríguez, directora de la consultoría Canec S.A., valora las normas como un paso importante para el ordenamiento y la legalidad. “Tenemos una gran necesidad de incrementar los ingresos externos; todo aquel que pueda exportar debe hacerlo”, señala.

La nueva normativa elimina trabas concretas. Por ejemplo, antes un exportador recibía los ingresos en una cuenta en moneda nacional y para pagar a un proveedor exterior dependía de una capacidad de liquidez asignada. “Ahora, al tener tu cuenta en esa moneda, puedes realizar esos pagos directamente. Es más transparente y sencillo”, explica Pérez Rodríguez.

Aunque es una medida necesaria y oportuna para organizar la economía, la experta coincide en que no es suficiente: “Es un paso imprescindible, pero no es el único. Esto está ligado también a que se ordene el mercado cambiario y se incentive al exportador”.

Aunque la norma no está dirigida a personas naturales, su beneficio indirecto radica en que “la empresa es la que crea la riqueza”. Un mejor desempeño empresarial se traduce, en última instancia, en más recursos para el presupuesto estatal, que financia servicios como salud, educación y subsidios.

En cuanto a la equidad, la norma aborda dos frentes. Por un lado, facilita un mecanismo oficial de asignación de divisas para entidades no exportadoras que las necesitan. Por otro, es un avance crucial para el sector privado, que ahora podrá transparentar y dar respaldo bancario a sus operaciones en divisas, algo que antes no era posible.

El nuevo marco legal es un paso técnico fundamental para ordenar y conectar segmentos clave de la economía cubana, introduciendo mayor transparencia y bancarización (en el sentido de poner al sistema financiero en el centro de las operaciones de cobros y pagos en divisas a lo interno de la economía, como intermediario). Sin embargo, ambas expertas subrayan que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que se acompañe de otras medidas estructurales, de un ordenamiento del mercado cambiario y de incentivos reales para los generadores de riqueza, en un camino aún largo hacia la estabilidad económica.

Con estas transformaciones se busca la eliminación paulatina de distorsiones que afectan actualmente la captación de divisas para el desarrollo económico del país.

Fuente: Cubadebate