Lo que debes saber sobre las nuevas empresas mixtas nacionales

En un paso que marca una nueva etapa en la transformación del sistema empresarial cubano, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, explicó en la Mesa Redonda los fundamentos, objetivos y retos del Decreto-Ley 114, una norma que abre el camino a la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales.

La disposición —publicada recientemente— no surge de manera aislada, sino como resultado de un proceso gradual de actualización del modelo económico cubano, con bases legales y conceptuales que se remontan a la Constitución de la República de Cuba de 2019, donde se reconoce la posibilidad de combinar diversas formas de propiedad.

Un proceso que viene madurando

Durante su intervención, el titular de Economía recordó que el artículo 22, inciso E, de la Constitución ya establecía la posibilidad de integrar distintos tipos de propiedad, anticipando la articulación entre actores económicos diversos.

A ello se sumaron normas posteriores como el Decreto-Ley 34 de 2021, que permitió asociaciones contractuales entre entidades estatales y otras formas de gestión, así como las 75 medidas aprobadas en 2022 para dinamizar la economía, que incluyeron incentivos a los encadenamientos productivos.

Más recientemente, los decretos-leyes 88 y 89, aprobados en 2024, consolidaron el marco para el desarrollo de las mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias, ampliando el espectro de actores económicos.

“Todo este recorrido se resume en el Decreto-Ley 114”, afirmó Alonso Vázquez, al destacar que la norma representa un “salto cualitativo” respecto a las formas de cooperación existentes hasta ahora.

¿Qué cambia con el Decreto-Ley 114?

El principal aporte de la nueva normativa es la posibilidad de crear empresas mixtas de capital entre entidades estatales y privadas nacionales, una figura que funcionará de manera independiente a las partes que la constituyen.

Hasta el momento, las relaciones entre estos actores se limitaban fundamentalmente a contratos de compraventa, alianzas puntuales o esquemas de complementariedad productiva. Con la nueva disposición, ambas partes podrán aportar recursos y constituir una nueva entidad con personalidad jurídica propia.

El decreto regula de forma integral:

• El proceso de constitución de estas empresas
• Las normas de gestión y administración
• La distribución de utilidades
• Los mecanismos de solución de conflictos
• Los procedimientos de liquidación en caso de extinción

“Es una figura que permite organizar mejor los recursos y generar resultados compartidos bajo reglas claras”, explicó el ministro.

Entre las principales expectativas asociadas a esta normativa, el titular del ramo subrayó el impulso a los encadenamientos productivos entre sectores que hasta ahora operaban con limitaciones.

Una de las ventajas clave es que estas empresas mixtas podrán realizar actividades no autorizadas para el sector privado de manera independiente, al asumir el alcance operativo de la empresa estatal. Esto elimina barreras y amplía el campo de acción para los actores no estatales.

Asimismo, se espera:

• Incrementar la producción de bienes y servicios para la población
• Potenciar la exportación y la sustitución de importaciones
• Aprovechar capacidades productivas ociosas en el sector estatal
• Elevar la competitividad empresarial
• Generar nuevas fuentes de empleo

“El sector estatal tiene capacidades limitadas por falta de recursos, mientras el no estatal puede aportar insumos, financiamiento o flexibilidad. Esta figura permite combinar esas fortalezas”, argumentó.

Impacto territorial y autonomía empresarial

El Decreto-Ley 114 también se inserta en las estrategias de desarrollo territorial, al permitir que estas nuevas entidades tributen directamente al crecimiento de municipios y provincias.

En este sentido, el ministro destacó que las alianzas contribuirán a dinamizar economías locales, generar nuevas capacidades productivas y responder a demandas que hoy no están cubiertas por ningún actor.

A la par, la norma refuerza el proceso de descentralización, otorgando mayor autonomía al sistema empresarial y promoviendo su participación activa en el desarrollo económico.

“Estamos transitando de un modelo más centralizado hacia uno con mayor autonomía empresarial, donde las entidades tienen más capacidades para decidir y gestionar”, señaló.

Nuevas responsabilidades para el Ministerio de Economía

Con la entrada en vigor del decreto, el Ministerio de Economía y Planificación asume un rol clave en la evaluación, aprobación y control de estas asociaciones.

Para ello, se creó un grupo de trabajo especializado que analizará las propuestas, realizará las consultas necesarias y someterá los proyectos a aprobación.

El proceso estará regido por principios de:

• Transparencia
• Orden
• Eficiencia

Alonso Vázquez subrayó que en estas operaciones se comprometen activos estatales, que pertenecen al pueblo cubano, por lo que su gestión debe garantizar resultados concretos.

El ministro reconoció que la implementación del Decreto-Ley 114 implica importantes desafíos.

Entre ellos, destacó la necesidad de:

• Definir y concluir las políticas sectoriales en cada rama de la economía
• Capacitar a empresarios, directivos y autoridades territoriales
• Socializar el contenido de la norma entre todos los actores económicos
• Garantizar una adecuada comprensión de sus objetivos y mecanismos

Actualmente, Cuba cuenta con un amplio universo de potenciales participantes en estas alianzas, incluyendo:

• Más de 2 000 empresas estatales
• Cerca de 10 000 mipymes no estatales
• Cooperativas agropecuarias y no agropecuarias
• Sociedades mercantiles y empresas filiales

“Tenemos que lograr que todos dominen el decreto, lo estudien y comprendan sus oportunidades”, enfatizó.

Como parte de este proceso, el ministerio ha diseñado una estrategia comunicacional, espacios de capacitación y un sistema de atención a dudas a través de su sitio web institucional, donde se publicarán preguntas frecuentes y orientaciones.

El Decreto-Ley 114 se inscribe dentro del objetivo de transformar y modernizar el sistema empresarial estatal, así como integrar de manera más efectiva a los actores no estatales en el desarrollo del país.

Para el ministro, el propósito es claro: “Mejorar el entramado empresarial para producir más bienes y servicios, incrementar las exportaciones, sustituir importaciones y aportar al desarrollo económico y social de Cuba”.

No es privatización: MEP detalla nuevas formas de asociación estatal-privada

El Decreto-Ley 114 no privatiza, sino que crea nuevas formas de gestión para la propiedad socialista. Así lo explicó este miércoles en la Mesa Redonda Ivonne Rodríguez Rodríguez, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

La norma prevé cuatro modalidades para que el Estado se asocie con actores no estatales sin vender sus activos.

La primera es la creación de una nueva persona jurídica: una sociedad de responsabilidad limitada mixta. En ella, ambas partes aportan bienes o derechos reales. Una pregunta frecuente, dijo Rodríguez, es si la entidad original desaparece. La respuesta es no: la entidad estatal se mantiene como persona jurídica y, además, se crea una nueva. Ambas existen de forma independiente.

La segunda modalidad es la adquisición de participación de una entidad estatal en una MiPyme privada ya existente. Algo totalmente novedoso. Se entiende por entidad estatal cinco figuras: la empresa filial, la unidad presupuestada con tratamiento especial, la sociedad mercantil de capital totalmente cubano, y también la MiPyme estatal. Estas cinco pueden adquirir participaciones en una MiPyme privada, algo hoy no concebido.

La tercera modalidad es la absorción. Una sociedad mercantil de capital totalmente cubano o una MiPyme estatal puede absorber a una MiPyme privada. La directora aclaró que es unidireccional: solo estas dos entidades pueden hacerlo, por tener un régimen mercantil similar.

¿Por qué unidireccional? Porque si fuera bidireccional, una MiPyme privada podría adquirir activos socialistas de todo el pueblo, y eso sí sería privatización. “De eso no se trata esta norma”, enfatizó Rodríguez.

“Vamos hacia un proceso de privatización —para nada”, sentenció. El eje central de esta arquitectura legal es la gestión de la propiedad, no su transferencia. “El Estado se asocia, el Estado no vende”, dijo. Los activos siguen en manos del pueblo cubano y del Estado en su representación.

La cuarta modalidad es la contractual: un contrato de sociedad económica sin crear una nueva figura jurídica. Permite aportes de bienes o derechos reales y también la creación de un fondo común para el objeto del contrato.

El MEP no actúa solo. Hay una comisión interna y se realizan consultas como invitado permanente al Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatal, además de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba, MINCIN, MINCEX y Justicia. Todos analizan la viabilidad de cada modalidad.

Además, la Constitución votada por el pueblo prevé que para dar otro uso a la propiedad socialista se requiere el criterio de órganos consultivos. Esa consulta también está incluida en el Decreto-Ley 114.

¿Puede tanta consulta burocratizar el proceso y desincentivar al empresario? “La norma fija 30 días naturales —no hábiles— para todos los análisis y la aprobación. Si se necesita criterio de un órgano consultivo, se extiende por otros 30 días naturales. En total, 60 días naturales. “Eso le pone la impronta de transparencia, agilidad y eficiencia”, afirmó.

La directora calificó la norma como “ganar-ganar”. Dinamiza la economía, ofrece más bienes y servicios, impulsa la innovación y moderniza capacidades instaladas. El MEP propiciará estas modalidades cuando sean viables, pertinentes y requeridas, “sin que sea moda, sin que sea meta, sin que sea algo impuesto”.

Entre las ventajas, Rodríguez destacó que el objeto social de la nueva figura es idéntico al del sector estatal: cualquier actividad lícita de producción, comercialización, especialización y servicio. Esto es un atractivo para los actores no estatales, porque hoy el Decreto 107 les limita ciertas actividades. Al asociarse con el Estado, pueden incursionar en un mayor alcance.

Además, el límite de 100 trabajadores de las MiPymes privadas no existe en esta nueva figura. Una empresa mixta puede tener 200 o 300 personas. Incluso pueden participar dos o más entidades: por ejemplo, una cooperativa no agropecuaria, una unidad presupuestada con tratamiento especial y una MiPyme privada.

Para el Estado también es un reto: aprender a asociarse con un socio privado, resolver conflictos societarios y gestionar de otra manera la propiedad socialista. Pero la norma gana el Estado, ganan las empresas estatales y gana el actor económico no estatal.

“En definitiva, esto va a tributar a la soberanía económica y productiva del país de cualquier manera”, concluyó Rodríguez.

Una genuina oportunidad

La intervención de Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, se centró en las potencialidades y el alcance del reciente Decreto Ley 114, que regula la creación de empresas mixtas entre el sector estatal y los actores económicos no estatales.

López Acea calificó la norma como una genuina oportunidad. “Evidentemente, nosotros también hemos apreciado que, para las empresas no estatales —tanto las mipymes como las cooperativas no agropecuarias—, con la entrada en vigor de este Decreto Ley 114, realmente surge una oportunidad: la oportunidad de poder invertir en una nueva asociación económica, en una nueva empresa”.

La titular del Instituto subrayó que esta figura permite aprovechar capacidades productivas ya instaladas sin necesidad de una inversión inmediata. “Desde que usted concibe la creación de la empresa, y desde su aprobación, puede planificar y producir”, afirmó.

Asimismo, destacó que permite aprovechar mucho mejor el capital humano por ambos actores, tanto las entidades estatales como las no estatales.

“Las empresas privadas pueden aprovechar la oportunidad de contar con personal altamente calificado en estas industrias, pero también poder contar con trabajadores preparados para la regulación de las actividades que se pacten entre ambas partes”, señaló.

López Acea añadió que el nuevo decreto ley flexibiliza y modifica las actividades y sus reglas. “Lo que permitirá a su vez que el proyecto social se amplíe, porque el proyecto social es asumido por esta nueva empresa mixta que se crea y, por tanto, no tiene las limitaciones de actividades prohibidas que hoy están en el Decreto 107”, explicó.

Añadió que esta figura va a continuar generando empleo, “superando esa limitante que tenían muchas empresas que han llegado a un nivel de desarrollo en el que 100 trabajadores llegan al tope y ya no pueden hacer más, a pesar de tener financiamiento, capital y posibilidad de invertir”.

También se refirió al impacto en la producción nacional y la posibilidad de aprovechar todas esas recetas que encuentran los actores económicos cubanos, estatales o no estatales, para incrementar la producción nacional, diversificarla, lograr disminuir las importaciones a partir de la sustitución de importaciones con productos nacionales y, al mismo tiempo “podemos entonces avanzar más en ese potencial de exportación que puede gestarse desde el sector privado”, sostuvo.

La presidenta del Instituto recordó que existen experiencias previas. “En el país organismos vinculados a la producción han desarrollado este tipo de alianzas y producciones cooperadas. Lo ha hecho la agricultura en actividades como la avícola, la producción porcina, la producción cárnica, los lácteos, la producción de conservas. La industria también tiene buenas experiencias, que resultan buenas prácticas que pueden multiplicarse y que deben tenerse en cuenta en la construcción de este tipo de asociación económica o empresa mixta”, afirmó.

“Hoy tenemos experiencias que parten de los contratos que se han estado gestando como engranaje productivo o producción cooperada, que han dado buenos resultados; otros que han tenido que certificarse, pero debo decir que hay ejemplos de buenas prácticas que hay que tener en cuenta y que han dado resultados positivos”, agregó.

Señaló el aporte a la territorialidad. “¿Cuánto puede aportar este proceso a esa capacidad de los territorios? Hoy, en todo el proceso de descentralización, las facultades a los consejos de administración para promover procesos de este tipo son importantes”, dijo.

López Acea explicó que los consejos de administración municipales conocen a sus productores. “Ellos saben lo que pudiera hacerse con este tipo de alianza, con las aportaciones de cada cual, y poder ponerlo en función de un fin. A veces se trata de problemas puntuales de una localidad que, con una alianza de este tipo o una asociación de este tipo con una empresa mixta que se cree, puede tener solución”, afirmó.

Subrayó el papel de los gobiernos municipales y territoriales, porque además tienen que defender que todo lo que hoy se deriva de la propia oportunidad que hay en el Decreto Ley 114 tribute a la estrategia de desarrollo territorial, a sus líneas estratégicas.

También se refirió a la responsabilidad de los grupos empresariales. “Los grupos empresariales tienen una responsabilidad importante en la promoción, en favorecer, en preparar, en asesorar a ese sistema empresarial con que cuentan, porque realmente aquí hay una oportunidad de poder desarrollar prioridades económicas importantes. Hoy existen capacidades productivas que, por razones objetivas y a veces subjetivas, no han logrado explotarse ni aprovecharse en los niveles que deberían para poder incrementar la producción nacional”, afirmó.

“En los momentos actuales este es un decreto que, de interpretarlo bien, de conducirlo bien, de aplicarlo bien, de implementarlo bien, realmente puede cumplir el reto de poder, en un corto plazo, en un período de tiempo inmediato, lograr un resultado productivo y favorable en la economía del país”, concluyó.

Indicadores a medir: Productividad, rentabilidad y salario medio

Por su parte, el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, recordó ejemplos: “en la industria, en la agricultura, pero también en otros sectores de la economía. Recordemos el transporte; hay muchas alianzas entre el sector privado y el sector estatal. En la industria electrónica, casi en todos los sectores”, dijo.

Alonso Vázquez puso énfasis en el carácter autofinanciado de esta nueva figura. “Ahora, lo principal es que esta es una nueva figura que no demanda recursos del presupuesto; es totalmente autofinanciada”, explicó.

Añadió que, en ese ímpetu del autofinanciamiento, hay que darle total autonomía. “Tiene que ganarse los recursos, gestionarlos y sacar utilidades, porque los socios participan como en cualquier empresa. Una empresa se constituye para que tenga ganancias; si es para que tenga pérdidas, mejor no tenerla, porque eso es hipotecar recursos. Tienen que tener ganancias. Por lo tanto, actúa en el mercado nacional e internacional”, afirmó.

El titular de Economía señaló que estas empresas tienen que acceder y buscar sus fuentes de financiamiento a partir de las aportaciones, gestionar un capital de trabajo y ser eficientes.

Explicó que, en la participación del Estado, en las juntas de administración y dirección de esa empresa, también tienen que ver con las señales del mercado, pero también tienen una responsabilidad social que cumplir en el entorno, en las ventas, etcétera.

Agregó que hay un entramado empresarial lógico que se requiere para poder conducirlo, evaluarlo y poder también quitarle trabas. “Porque pueden surgir escollos mañana —dijo—, entonces hay que quitarles esa traba y tenemos que tener la suficiente perspicacia para ir observando, evaluando y atenuando la norma a las condiciones que se puedan suscitar en el futuro”.

El ministro reconoció que las expectativas son grandes. “Como decimos siempre, no tenemos una meta de tener tantas entidades el mes que viene y tanto. El único objetivo es que nazcan, crezcan por sí mismas dentro de un marco de legalidad y se incremente la productividad en esto del programa de gobierno”, aclaró.

Definió con claridad los indicadores para medir esta política: productividad, rentabilidad y salario medio.

“Nuevas entidades para que produzcan más, para que rescaten capacidades productivas, para que se desarrollen, incluso para que exporten, y para que la economía nacional se reimpulse y logremos esos objetivos que nos hemos propuesto de desarrollo en el país”, concluyó.

Fuente: Cubadebate