¿Cómo afecta a Cuba la llamada «Ley de marcas robadas»?

La prohibición del reconocimiento por entidades del Ejecutivo estadounidense de ciertos derechos relativos a marcas o nombres comerciales constituye el centro de una nueva ley promulgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según dio a conocer la Casa Blanca, el pasado 2 de diciembre.

La legislación, llamada «Ley de marcas robadas», forma parte de una iniciativa presentada varias veces en el Congreso de EE. UU., fundamentalmente por congresistas de origen cubano, como María Elvira Salazar, Bob Menéndez y Marco Rubio.

Para profundizar en las formas en que esta legislación puede afectar a Cuba, Granma conversó con la especialista en temas legales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ariadna Cornelio Hitchman, y con la analista del mismo departamento, Aimé Triana Sevajanes.

EN LA RAÍZ HISTÓRICA: HAVANA CLUB

«Los intereses específicos en el caso de este tipo de ley normalmente han sido introducidos a instancias de la familia Bacardí –un conglomerado industrial vinculado a los espirituosos, licores y rones–, que desde los años 90 ha peleado por el registro y apropiación de la marca Havana Club», subrayó Cornelio Hitchman.

Quienes dicen tener derecho sobre la marca no cuentan que, antes del triunfo de la Revolución Cubana, la familia Arrechabala, propietaria del nombre comercial, abandonó esa marca y salió de Cuba.

Sucedido esto, «se nacionalizó conforme a los derechos y reglamentaciones, tal cual se efectuó con otros bienes e instalaciones», puntualizó la especialista. En el año 1976, la empresa cubana CubaExport, después de vencido el registro de la familia Arrechabala, registró la marca en Estados Unidos.

Antes de los 90 no hay registros ni pronunciamientos de la familia Bacardí hablando sobre la marca Havana Club. No eran los titulares de la marca, pero en esta década se crea la empresa mixta internacional con Havana Club, con la parte extranjera Pernod Ricard, uno de los grandes competidores de Bacardí, que empezó a mostrar interés por la marca y a especular sobre un acuerdo, extrajudicial con los herederos de la familia Arrechabala, según el cual ellos le concedían ciertos derechos sobre la marca, explica la especialista.

«A partir de esta década, la familia Bacardí comienza a hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, a aportar mucho dinero…», afirma Cornelio Hitchman.

En este contexto, se firma la ley Helms-Burton (12 de marzo de 1996), y se aprueba la Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia para el año fiscal (1999), en la cual logran colar la sección 211, que indica que los tribunales de ee. uu. no podrán reconocer los derechos de marcas confiscadas o nacionalizadas.

Aunque ni en la 211 ni en esta nueva ley se habla textualmente de Cuba, ni de Havana Club, en la práctica hay sospechas de «que fue aprobada a instancias de Bacardí y, por lo tanto, está intencionada contra el registro de la marca Havana Club», puntualizó.

¿QUÉ IMPLICARÍA LA APLICACIÓN DE ESTA LEY?

Havana Club es, ahora mismo, una de las marcas insignias de Cuba y del mundo; pero, contradictoriamente, debido al bloqueo estadounidense contra la Isla, no está permitida la comercialización de sus rones junto a otro tipo de bebidas, habanos o cualquier otro producto cubano en territorio estadounidense.

Específicamente en el tema de las marcas, Havana Club poseía una licencia concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que le permitía la renovación, lo que ahora se obstaculiza con la firma de la Ley de marcas robadas, pues en un principio lo que era para el poder judicial, es decir, para los jueces y tribunales, en esta ocasión se extiende al Ejecutivo.

Esta modificación amplía sus alcances y entorpece aún más los procesos, debido a que la Oficina de Marcas y Patentes Registradas de Estados Unidos (USPTO por su sigla en inglés) es una entidad ejecutiva, subordinada al Departamento del Comercio, que se encarga de registrar y renovar los registros marcarios.

En 2026 se cumplían los diez años de la renovación del registro, que requería la iniciación de ese proceso, lo que explica la rápida aprobación y firma de la legislación en este momento.

«En caso extremo de la no renovación, la marca podría ser cancelada y se perdería. Bacardí tiene un registro pendiente, solo esperando a que esto suceda. Si una entidad tiene un registro similar o parecido, podría solicitar el registro de apropiación de la marca», enfatizó.

¿CÓMO SE APRUEBA ESA LEY?

La aprobación de una ley en el Congreso de EE. UU. es engorroso debido, en parte, a que este se divide en dos: Cámara de Representantes y Senado. La iniciativa debe surgir como propuesta legislativa en una de las dos partes.

«Si comienza, por ejemplo, por la Cámara de Representantes, luego debe ser discutida en el Comité pertinente y, al ser aprobada, se llevaría al Pleno. En caso de aprobación, la propuesta sería a nombre de la Cámara, y luego se trasladaría a votación al Senado, proceso que se desarrollaría en los mismos niveles que en la Cámara», explica Triana Sevajantes.

«Ambas partes deben coincidir en la decisión para que pase a la firma del Presidente. De lo contrario, volvería al Comité de ambas Cámaras y se reiniciaría el proceso. Muchas leyes propuestas no llegan a desarrollarse ni siquiera a nivel de Comité, y demora meses en obtenerse un resultado», especificó la analista.

Sin embargo, en contraposición con lo planteado, las expertas afirman que durante 2023 la legislación fue aprobada rápidamente por la Cámara, de manera inusual, y que este año, en un día, fue aprobada en el Senado.

Esto indica una viabilización del proceso, fenómeno llamativo en un país con 50 Estados con posiciones e intereses diferentes, lo que revela «el interés y el lobby que hay detrás de esa ley para promover políticas contra Cuba. Existe un contubernio de contribuciones muy generosas de parte de Bacardí, la complicidad de Biden y las influencias anticubanas», argumentan.

En Cuba, por otra parte, hay 6 448 marcas estadounidenses registradas y protegidas por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial; así como 1 177 en proceso de registro, según datos oficiales; muestra de que se actúa de acuerdo con legislaciones y convenios de protección de intereses mutuos de los que ambos países son parte.