El campo cubano ante una nueva etapa
La recuperación de la producción agropecuaria se ha definido como una prioridad fundamental del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, así como en las recién aprobadas Transformaciones Económicas y Sociales.
En este contexto, el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, y el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, sostuvieron un extenso intercambio con cooperativistas y productores del oeste de La Habana, un espacio que trascendió la explicación normativa para convertirse en un ejercicio de escucha activa de quienes trabajan la tierra a diario.
Las intervenciones evidenciaron un consenso generalizado: es imperativo eliminar los obstáculos históricos que han limitado al sector. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: lograr que las transformaciones lleguen con la misma rapidez con que fueron concebidas a cada municipio, empresa, banco y entidad responsable de hacerlas realidad.
Tapia Fonseca insistió en que estas decisiones no pueden analizarse de forma aislada; forman parte de los 23 ejes de las Transformaciones Económicas y Sociales y sitúan a los productores como actores claves dentro de una transformación mucho más amplia del modelo de gestión del país.
MÁS TIERRA EN PRODUCCIÓN Y MENOS BUROCRACIA
La modificación del régimen de uso y explotación de la tierra despertó el mayor interés. Sin alterar el principio de que la tierra continúa siendo propiedad socialista de todo el pueblo, las nuevas normas establecen que el derecho real de usufructo, por tiempo indeterminado, podrá otorgarse a personas naturales y jurídicas estatales, privadas o mixtas, en función del proyecto productivo presentado. La extensión ya no dependerá de límites prefijados, sino de las necesidades reales de cada propuesta.
El Vice primer ministro explicó que la empresa estatal administradora asumirá un rol mucho más activo: ya no será un actor distante, sino el responsable de gestionar la entrega, coordinar con las cooperativas y garantizar el cumplimiento de los plazos.
El procedimiento podrá completarse en un plazo de 20 a 25 días mediante mecanismos ágiles, apoyados en herramientas geoespaciales que agilizan la delimitación de terrenos. Mientras se perfecciona el respaldo jurídico, la administración provisional permitirá que los productores comiencen a trabajar sin esperar la conclusión de toda la documentación legal.
Además, quien solicite tierras podrá optar entre vincularse a una cooperativa o directamente a una empresa estatal, ampliando las alternativas organizativas.
El ministro Pérez Brito profundizó en la lógica de estos cambios: alrededor del 80 % de la tierra en Cuba es administrada por empresas estatales en representación del pueblo, lo que justifica que sean estas las responsables de entregar las áreas en usufructo.
En el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (cpa), donde la tierra es propiedad privada de los socios, cualquier entrega deberá ser aprobada por su Asamblea General, respetando su autonomía. Las empresas, en lo adelante, deberán consultar con las cooperativas asentadas en las áreas solicitadas y acompañar todo el procedimiento desde el inicio.
La participación de las cooperativas fue uno de los aspectos más respaldados. Gaspar Palermo, presidente de una Cooperativa de Créditos y Servicios, afirmó: «La cooperativa sabe cuál es su mejor productor, quién se la merece y quién no. Que seamos partícipes tanto en la posible extinción por indisciplina como en la explotación eficiente de la tierra es lo más importante que ha pasado. Llevamos años luchando en esto».
También se aclararon inquietudes jurídicas. Pedro Rodríguez Viamontes, vicepresidente de la cooperativa 28 de Enero, preguntó si los actuales certificados de usufructo conservarían su vigencia. La respuesta fue categórica: los usufructos ya otorgados mantienen plena validez y pasan automáticamente a regirse por las nuevas disposiciones.
Rodríguez Viamontes valoró que muchas de estas decisiones responden a reclamos históricos hechos por los campesinos en los congresos de la anap: «Todos estamos contentos con estas medidas. Ahora lo importante es seguir capacitando a los bancos y a todas las instituciones para que nadie nos frene. Ya es para adelante: trabajar y producir comida para el pueblo».
Las nuevas normas también introducen modificaciones en materia de herencia, bienhechurías y viviendas vinculadas al usufructo, y trasladan a los tribunales los procesos de reclamaciones hereditarias. Tapia Fonseca resumió el objetivo común: «Si nosotros no producimos más, si no ponemos más personas en la tierra, entonces no avanzamos».
DEL PRODUCTOR AL EMPRESARIO
Las transformaciones no se limitan al acceso a la tierra. Reconocen una realidad existente: productores que administran grandes extensiones, generan empleo y sostienen niveles de producción comparables a los de muchas empresas.
Sobre esa base, las nuevas disposiciones permitirán la creación de empresas privadas agropecuarias. Tapia explicó que usufructuarios con decenas de hectáreas dedicadas al tabaco, frutales o plátano, que emplean a más de un centenar de trabajadores, podrán constituirse formalmente como empresarios y acceder a facultades previstas para ese tipo de actores.
Junto a ello, se amplían las facultades de las cooperativas, incluyendo la posibilidad de realizar operaciones de comercio exterior de forma directa, importar tecnologías e insumos, combustibles y gestionar financiamientos externos. Aunque este tema generó menos intervenciones, fue presentado como una herramienta para fortalecer la autonomía económica y ampliar las capacidades de gestión del sector.
INSUMOS: UNA DEMANDA HISTÓRICA COMIENZA A ENCONTRAR RESPUESTA
La disponibilidad de insumos sigue siendo uno de los factores que más inciden en los resultados. Durante años, productores han señalado las dificultades para adquirir fertilizantes, bioproductos, combustible y piezas de repuesto. Las transformaciones aprobadas establecen que cualquier actor económico podrá importar, producir y comercializar insumos agropecuarios, tanto en divisas como en pesos, incluyendo cooperativas, empresas estatales, mipymes y trabajadores por cuenta propia.
Tapia Fonseca destacó las experiencias valiosas en la producción de biofertilizantes y abonos orgánicos desarrolladas por colectivos laborales. Ahora, esas iniciativas podrán crecer y convertirse en negocios plenamente reconocidos: «Todo el que quiera producir biofertilizantes, bioestimulantes o abonos orgánicos puede hacerlo. Puede encadenarse con socios en el exterior, establecer contratos o crear empresas mixtas».
Además, se prevé la creación de mercados de insumos en divisas con participación nacional y extranjera, y mecanismos bancarios que faciliten operaciones mediante tarjetas, transferencias y comercio electrónico. Estas medidas irán acompañadas de incentivos fiscales, con reducciones significativas en aranceles e impuestos aduaneros.
Pese a esta apertura, Yoel Barreto Rodríguez, presidente de la cooperativa Arides Estévez, alertó sobre la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos. Relató que su cooperativa necesitó alrededor de seis meses para completar trámites asociados a la obtención de un código necesario para importaciones.
Reconoció las dificultades objetivas del país, pero insistió: «A veces los mecanismos de legalización son muy extensos. Eso hay que resumirlo, aterrizarlo más. Como mismo hoy estamos hablando de empresa, hay que hablarlo en los gobiernos municipales».
Su intervención sintetizó la preocupación compartida: que la burocracia no termine limitando los resultados esperados.
MÁS AUTONOMÍA PARA EXPORTAR, IMPORTAR Y COMERCIALIZAR
Las nuevas disposiciones facultan a las cooperativas para realizar directamente exportaciones e importar insumos, equipos y tecnologías, así como gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en Cuba y en el exterior. Esta apertura al comercio exterior representa un cambio significativo para insertar a los productores cubanos en los mercados internacionales.
En materia de comercialización, se descentraliza la formación de precios y se reconoce el papel del mercado. Tanto entidades estatales como cooperativas y productores podrán participar en la conformación de precios, superando esquemas centralizados que desestimulaban la producción.
FINANCIAMIENTO PARA PRODUCIR Y EL DESAFÍO DE LA IMPLEMENTACIÓN
Las transformaciones incluyen la descentralización territorial del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco para el Fomento Agrícola, especializado en respaldar proyectos de producción de alimentos. Los productores coincidieron en la importancia de que las instituciones bancarias conozcan adecuadamente las nuevas disposiciones para evitar demoras o interpretaciones erróneas.
A lo largo del intercambio quedó claro que estas transformaciones constituyen uno de los cambios más amplios de los últimos años para estimular la producción agropecuaria. Sin embargo, tanto autoridades como productores coincidieron en que el éxito dependerá de la implementación efectiva.
El Ministerio de la Agricultura deberá actualizar más de una decena de normas, pero los participantes insistieron en que cada organismo, gobierno local y entidad financiera deben conocer con precisión los cambios y actuar en consecuencia.
Más allá de las disposiciones jurídicas, el objetivo sigue siendo el mismo: producir más alimentos, incorporar nuevas áreas y aprovechar mejor las capacidades existentes.
FUENTE: GRANMA